El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) instaló el Grupo de Trabajo Sectorial encargado de revisar la normativa vigente en materia de criminalidad y formular propuestas para actualizar y fortalecer el marco legal.
La sesión de instalación fue liderada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y reunió en la víspera a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y especialistas del ámbito académico y penal.
El equipo técnico fue creado mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS, publicada el 23 de agosto. Su función es realizar una evaluación integral de las modificaciones normativas vinculadas a la criminalidad, consolidar aportes de las instituciones, la academia y la sociedad civil, y plantear los proyectos de ley que correspondan.
La revisión se produce tras las críticas de sectores políticos, entidades del sistema de justicia y organizaciones civiles a un conjunto de normas aprobadas por el Congreso anterior. Estas leyes han sido mal denominadas “procrimen” por sus detractores, quienes sostienen que restringieron herramientas para investigar y procesar delitos como corrupción, lavado de activos, minería ilegal y crimen organizado.
Agenda. Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha difundido una relación oficial y cerrada de leyes que serán evaluadas, Álvarez indicó esta semana que se revisarán las normas publicadas durante el quinquenio parlamentario 2021-2026 que incidan en la lucha contra la delincuencia. La comisión deberá definir prioridades, revisar los efectos de las modificaciones y proponer eventuales cambios normativos.
Miembros
El grupo es presidido por el viceministro de Justicia, Juan Falconí, e incluye a los viceministros del sector, el jefe del INPE y el director de Asuntos Criminológicos.
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