Una decisión judicial impuso 18 meses de impedimento de salida del país al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, junto a otros seis investigados, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las elecciones del 12 de abril.
El Ministerio Público sustentó la medida al advertir riesgo de fuga, tras el hallazgo de documentos de viaje durante el allanamiento a la vivienda del exfuncionario en Miraflores el viernes 24.
Aunque Corvetto entregó sus pasaportes peruano e italiano, la Fiscalía señaló la existencia de otro documento vigente que podría facilitar su salida del país.
La investigación también incluye a exfuncionarios de la ONPE y a representantes de una empresa proveedora, por presunta colusión agravada y omisión de funciones en el proceso de contratación del servicio de transporte a nivel nacional.
De acuerdo con la tesis fiscal, la aplicación de un criterio adicional durante la evaluación habría influido en los resultados, favoreciendo a Servicios Generales Galaga S.A.C., que obtuvo mayor puntaje técnico frente a Hermes Transportes Blindados S.A., pese a que esta última presentó una mejor propuesta económica.
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