A través del Decreto Supremo Nº 041-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo dispuso ampliar por 60 días el estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad. El objetivo es combatir la ola criminal que se torna incontenible y que en los tres primeros meses del año ya ha dejado 42 asesinatos en este departamento.

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Sin embargo, el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, sostuvo que esta medida de excepción será un “saludo a la bandera” si es que las autoridades no cumplen estrictamente con ejecutar las restricciones que contempla la medida.

PUNTOS CLAROS

El funcionario mencionó que como primera medida el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) debe declararse en sesión permanente, a fin de ir monitoreando todas las intervenciones, operativos y diligencias que se realicen para combatir la inseguridad.

De la misma manera, indicó que el Decreto Supremo Nº 041-2026 faculta al Ejército Peruano a salir a las calles y es la Policía Nacional del Perú (PNP) la que debe comprometer a los soldados a sumarse a los operativos que se diseñen y ejecuten durante todo el tiempo que dure la emergencia. “Tienen que participar y estar en las calles”, agregó.

CÁRCEL

Otro punto determinante es el control penitenciario, pues se tienen que restringir las visitas. La norma indica que en estos casos solo se autoriza una visita a la semana para el régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para el régimen especial (aplica a internos de alta peligrosidad).

También tiene que realizarse el apagón eléctrico en las celdas y realizar intervenciones en coordinación con el Ministerio Público para desmontar y destruir antenas de telecomunicaciones ilícitas instaladas alrededor del centro penitenciario El Milagro, en Trujillo.

El Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) debe realizar requisas permanentes para incautar chips, celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos.

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MERCADOS ILEGALES

Sumado a ello, el Ministerio Público, la Policía, autoridad edil y representantes de otras entidades cuya función es el control y fiscalización tienen que intervenir en los mercados ilegales de venta de chips y celulares de dudosa procedencia. También se debe golpear en lugares donde se venden autopartes y ejecutar operativos en el transporte informal de personas, para prevenir la trata.

“Además, están en la obligación de controlar la celebración de actividades masivas y solo autorizarlas bajo el cumplimiento de estrictos horarios. Acá deben entrar a tallar las municipalidades”, añadió Edwin Dávila.

Para el funcionario, cada 10 días deben convocar a reunir especial el Coresec para que los responsables y representantes de cada institución comprometida ofrezcan información sobre los resultados obtenidos del trabajo que se ejecuta durante el estado de emergencia.

QUE VENGA

Ever Cadenillas Coronel, vicegobernador de La Libertad, dijo estar de acuerdo con esta ampliación del estado de emergencia por inseguridad, pero insistió en exigir que el ministro del Interior, José Zapata, venga a Trujillo para que despache desde acá durante los 60 días que dura esta medida de excepción.

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