A través de sus redes sociales, el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán confirmó que logró reunir mediante transferencias vía el aplicativo Yape los S/ 50 mil que estaba obligado a pagar de reparación civil como parte de la sentencia por difamación agravada que se le impuso tras ser querellado por el juez Víctor Burgos Mariños.
El exburgomaestre agradeció a cada uno de sus simpatizantes del Perú y supuestamente también del extranjero que lo ayudaron a recaudar el dinero para pagar el daño al “honor” de un juez, según lo manifestó.
EVIDENCIA
Durante su transmisión en vivo leyó decenas de nombres de personas y aseguró que gracias a ese aporte económico pudo cancelar el monto que debía. “Han sido solidarios con sus yapes y he podido recaudar y completar el dinero”, agregó.
La defensa legal del juez Víctor Burgos Mariños había pedido que se revoque la prisión suspendida que se dictó contra Arturo Fernández, ya que no había cumplido con pagar los S/ 50 mil que se le impuso como reparación civil, por lo que era determinante reunir ese dinero.
RECOMENDACIÓN
Arturo Fernández se mostró irónico y hasta se atrevió a sugerirle al juez que lo querelló cómo usar el dinero que le pagó.
“Espero que le sirva de algo o de mucho al honorable juez. O de repente por ahí lo puede brindar a los niños pobres”, manifestó Arturo Fernández.
De otro lado, el exburgomaestre de Trujillo dijo que durante la audiencia en la que se iba a resolver si variaban su prisión suspendida por efectiva, notó con “sorpresa” que el abogado de la parte demandante pretendía vulnerar su derecho a la libertad de expresarse, pues pidió que nunca más mencione a su patrocinado en sus expresiones en medios de comunicación.
Arturo Fernández comentó que con eso pretendían “callarlo”, pero no lo iban a lograr, toda vez que su derecho a expresarse está por encima de una pretensión; además, la audiencia fue convocada solo para tratar el punto del pago de la reparación civil.
LEJOS
Lo que no precisó Arturo Fernández es si había salido del país rumbo a Argentina, tal como se pudo apreciar en su registro migratorio, al que los medios de comunicación tuvieron acceso.
En lo que sí hizo hincapié la exautoridad edil es en seguir pidiendo explicaciones sobre quién o quiénes autorizaron la difusión de un pronunciamiento de la Junta de Jueces Especializados de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) para respaldar a sus magistrados penalistas y rechazar las “agresiones verbales” en las que presuntamente Arturo Fernández ha incurrido a la hora de cuestionar la labor de algunos jueces en la región.
“Han hecho un cargamontón conmigo”, enfatizó Arturo Fernández.
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