Tres directivos del Colegio de Ingenieros de La Libertad no pudieron presentar documentación que sustentaba denuncia y les piden ser más responsables y objetivos para no afectar prestigio institucional.
Tres directivos del Colegio de Ingenieros de La Libertad no pudieron presentar documentación que sustentaba denuncia y les piden ser más responsables y objetivos para no afectar prestigio institucional.

La Asamblea Departamental Extraordinaria del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)-Consejo Departamental La Libertad, respaldó la gestión del decano Enrique Luján Silva y, a través del Pronunciamiento N.° 004-2026, expresó su preocupación frente a actos que pueden afectar innecesariamente la imagen, credibilidad, unidad y prestigio del Colegio de Ingenieros de La Libertad.

CUESTIONABLE

La Asamblea expuso que tomó conocimiento de la presentación, ante el Consejo Nacional del CIP, de una carta suscrita por el vicedecano departamental, el director tesorero y el director protesorero del Consejo Departamental de La Libertad, en la que se habrían formulado observaciones y cuestionamientos de carácter institucional, administrativo y de gestión.

“Ante ello, la Asamblea consideró necesario conocer directamente los hechos, fundamentos y documentos que sustenten dicha comunicación, a fin de que estos sean evaluados por los órganos competentes, conforme al Estatuto y los Reglamentos del CIP”, se precisa en el pronunciamiento.

No obstante, ninguno de los tres directivos respondió íntegramente a la solicitud: “Dicha información no fue puesta íntegramente a disposición de la Asamblea, lo que impidió realizar una evaluación objetiva, integral y debidamente documentada, así como contrastar lo señalado con los antecedentes institucionales correspondientes”.

PIDEN NO INCENTIVAR CRISIS

Cabe precisar que, de acuerdo con el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, la Asamblea Departamental es la máxima autoridad del Consejo Departamental y tiene la facultad de pronunciarse sobre asuntos institucionales y de interés local.

“Se reconoce que la legítima discrepancia institucional, las observaciones a la gestión y las denuncias, cuando correspondan, forman parte de una organización democrática; sin embargo, deben ejercerse con responsabilidad, objetividad, veracidad, buena fe institucional y respeto a los procedimientos establecidos”, precisó la Asamblea.

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