En medio de un estado de emergencia imperceptible, los crímenes por extorsión siguen registrándose a diario, enlutando a ciento de familias. En diálogo con Correo, experto en materia penal analiza el panorama y hace un acercamiento a posibles soluciones.
Los asesinatos en el transporte a manos de extorsionadores no se detienen, ¿qué nos dice esta situación?
Creo que lo primero que debemos comprender es que ya no estamos frente a hechos aislados. Cuando distintos conductores son amenazados o asesinados por negarse a pagar extorsiones, observamos un patrón que responde a la actuación de organizaciones criminales.
Lee: Cercado de Lima: trabajador murió tras explosión dentro de almacén clandestino de extintores
¿Cuáles son lo riesgos de esta situación?
Esta realidad no solo pone en riesgo la vida de los transportistas, sino que también afecta a millones de ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público. La seguridad ciudadana constituye uno de los deberes esenciales del Estado.
El transporte es una actividad especialmente vulnerable debido a que no puede parar indefinidamente para protegerse de la criminalidad...
Es una situación profundamente humana y, al mismo tiempo, muy preocupante. Detrás del volante hay personas que todos los días salen a trabajar con la incertidumbre de no saber si regresarán a casa. No estamos hablando únicamente de conductores, sino de padres y madres de familia que dependen de ese ingreso para sostener a sus hogares.
Lee: PNP otorga ascenso excepcional a cuatro policías por abatir a delincuente en Villa El Salvador
Hablamos del transporte, pero por supuesto, la violencia está afectando a varios sectores...
Sí, y ningún trabajador debería verse obligado a escoger entre proteger su vida o cumplir con su jornada laboral. Cuando el miedo forma parte de la rutina diaria de un sector tan importante como el transporte público, es evidente que el problema trasciende el ámbito individual y exige una respuesta firme y sostenida del Estado.
En este marco, ¿contamos con leyes suficientes para enfrentar la extorsión y el sicariato?
El Perú cuenta con un marco legal que sanciona delitos como la extorsión, el sicariato y la participación en organizaciones criminales; es decir, están las condiciones para combatir el crimen. Sin embargo, la experiencia demuestra que una legislación severa, por sí sola, no resuelve el problema.
Lee: Senamhi alerta que el calor continuará en la costa por efecto de El Niño Costero
¿Cuáles, entonces, son las acciones que las autoridades, y en específico el nuevo Gobierno, deben tomar contra el crimen?
El nuevo Gobierno debe tener en cuenta que las normas deben ir acompañadas de investigaciones eficaces, inteligencia policial, una adecuada labor del Ministerio Público y un sistema de justicia que actúe con oportunidad. En otras palabras, tan importante como contar con buenas leyes es lograr que estas se apliquen de manera efectiva para identificar, procesar y sancionar a quienes integran estas organizaciones criminales.
El crimen organizado ha impuesto el terror en determinados sectores de la sociedad, ¿cree posible revertir esta situación?
Lamentablemente, cuando la violencia condiciona el comportamiento de ciudadanos que solo buscan trabajar honestamente, es evidente que las organizaciones criminales están utilizando el miedo como un mecanismo de control. Esa situación representa un desafío para el Estado de derecho. Recuperar la confianza de la ciudadanía requiere fortalecer la presencia institucional, mejorar la capacidad operativa de las autoridades y garantizar que quienes cometen estos delitos reciban una sanción ejemplar y conforme a la ley.
Lee: Bomberos participarán con tres compañías en la Parada Militar y Desfile Cívico, confirmó el Mindef
Como historiador, ¿considera que esta violencia tiene antecedentes en el Perú o estamos frente a un fenómeno distinto?
La historia peruana registra diversas manifestaciones de violencia en distintos momentos; sin embargo, cada contexto posee características propias. Lo que observamos actualmente responde a organizaciones criminales que buscan obtener beneficios económicos mediante la extorsión y recurren a la intimidación o al asesinato para mantener ese control. Esa combinación entre criminalidad organizada, violencia sistemática y afectación directa a servicios esenciales como el transporte público constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
