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El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, está seguro de que se enfrenta a una organización criminal; sin embargo, en la región Áncash, desde la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Santa, señalan a miembros de su familia, presuntamente, como parte de una. Incluso les piden una millonaria reparación civil y pena de cárcel efectiva. El desenlace se verá en el inicio del juicio oral.
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La acusación
El último 2 de mayo, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos emitió la resolución número 39 y dispuso “dictar auto de enjuiciamiento” contra los padres del alcalde de Trujillo, Valentín Fernández Neira y Nuri Bazán de Fernández; además, contra sus hermanos Valentín, Luz y Nury Fernández Bazán.
El exfiscal y abogado penalista Alfredo Galindo Peralta confirmó que con esta resolución, en la región de Áncash, se dará inicio a un juicio oral contra los integrantes de la familia de la primera autoridad de Trujillo. En este mismo caso, según la resolución, también están implicados otras dos personas: Frank Jiménez Esquivel y Luis Vásquez Wong.
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Este es el motivo.
El caso que sigue la Fiscalía se remonta a la gestión del hermano de Arturo Fernández Bazán en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. En el 2003, Valentín Fernández Bazán se convirtió en alcalde y desde entonces, según el Ministerio Público, todo cambió para su familia. Un informe especial de investigación admitido como medio de prueba señala que al momento de ganar la alcaldía de este distrito solo percibía 3 mil soles y tenía un vehículo a su nombre.
“Sin embargo, al transcurrir los primeros seis meses de gestión, se dieron compras indiscriminadas de bienes a favor suyo y de sus familiares, como sus padres Valentín y Nuri, que adquirieron varias propiedades, donde en uno de los cuales funciona un colegio en la ciudad de Trujillo”, se lee en el documento del Poder Judicial.
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Reparación y cárcel
La pretensión punitiva contra el hermano del alcalde de Trujillo es de 15 años de pena privativa de la libertad, 242 días multa equivalente a la suma de S/3,751 e inhabilitación por el mismo plazo de la pena principal para obtener mandato, cargo o empleo. A Valentín Fernández Bazán, a sus padres y hermanos se les atribuye el delito de asociación ilícita para delinquir; sin embargo, contra estos últimos la Fiscalía pide 8 años de cárcel.
“El actor civil solicita el pago solidario de S/10′481,578.70 por concepto de reparación civil, por parte de los acusados a favor del Estado, conforme consta en el auto de enjuiciamiento primigenio”, se precisa como parte de la pretensión civil, representada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavo de Activos y Pérdida de Dominio.
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