La bancada de Fuerza Popular respaldó con sus votos las principales leyes de mayor impacto fiscal identificadas por el Consejo Fiscal durante el periodo parlamentario 2021-2026.
Correo revisó las votaciones del Congreso que revelan que el grupo parlamentario de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi apoyó diez normas con un gran costo para el Estado.
Las más graves
La Ley N.° 32561 encabeza la lista de las normas con mayor impacto fiscal, al aumentar las pensiones del personal militar y policial.
El Consejo Fiscal (CF) estimó que la medida representa un costo de 14,851 millones de soles, el más alto entre todas las leyes analizadas.
El Ejecutivo promulgó la norma el 22 de marzo de 2026.
Durante su trámite parlamentario, Fuerza Popular aportó 21 votos en la primera votación y otros 21 para exonerarla de la segunda votación.
Posteriormente, 12 legisladores de la bancada respaldaron la insistencia que permitió convertir la iniciativa en ley.
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En segundo lugar, aparece la Ley N.° 32387, que fortaleció el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye recursos a las municipalidades para ejecutar obras y financiar servicios públicos.
El organismo calculó que la medida tendrá un costo permanente de 8,500 millones de soles.
La ley fue promulgada el 16 de junio de 2025 y, durante la primera votación, 15 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta y la misma cantidad apoyó la exoneración de la segunda votación.
Otra de las iniciativas con mayor impacto económico es la Ley N.° 32335, que estableció medidas para brindar capacitación y acompañamiento a las micro y pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
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La norma sustituye una multa por una capacitación a las microempresas con ventas menores a las 150 UIT.
La entidad estimó que su implementación representa un costo permanente de 5,280 millones de soles.
El Ejecutivo promulgó la ley el 16 de mayo de 2025.
Fuerza Popular registró 21 votos durante la primera votación, otros 21 para exonerar la segunda votación y 16 durante la insistencia.
Le sigue la Ley N.° 32563, que extendió el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores contratados bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios).
El ente técnico proyectó un costo anual de 3,006 millones de soles.
La norma fue promulgada el 23 de marzo de 2026.
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En la primera votación, ocho congresistas de Fuerza Popular respaldaron la propuesta.
Posteriormente, 10 legisladores votaron a favor durante la segunda votación y otros ocho apoyaron la aclaración aprobada por el pleno.
La quinta norma con mayor costo fiscal es la Ley N.° 32424, que homologó el incentivo único CAFAE para los trabajadores administrativos de los gobiernos regionales.
El Consejo Fiscal estimó que la medida demandará 2,621 millones de soles de manera permanente.
La ley fue promulgada el 20 de agosto de 2025 y, durante la primera votación, 14 congresistas de Fuerza Popular apoyaron la iniciativa. Posteriormente, cuatro legisladores votaron por la exoneración de la segunda votación y 11 respaldaron la insistencia que permitió su aprobación definitiva.
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Otro bloque
También está Ley N.° 32216, que derogó un artículo relacionado con la autorización de créditos suplementarios en el presupuesto público.
El Consejo Fiscal calculó que la medida representa un costo permanente de 1,179 millones de soles.
La norma fue promulgada el 28 de diciembre de 2024.
Fuerza Popular aportó 13 votos durante la primera votación, mientras que 12 congresistas respaldaron la exoneración de la segunda votación y otros 12 apoyaron posteriormente la insistencia.
Otra de las normas incluidas en el informe es la Ley N.° 32434, que incorporó medidas para modernizar el sector agrario y fortalecer la actividad agrícola.
La entidad fiscal proyectó un impacto económico transitorio de 1,170 millones de soles.
El Ejecutivo promulgó la ley el 18 de septiembre de 2025.
La bancada de Fuerza Popular registró 13 votos durante la primera votación y elevó ese respaldo a 19 votos durante la segunda votación.
Además está la Ley N.° 32568, que autorizó el nombramiento progresivo de personal del sector Salud y el cambio de régimen laboral para trabajadores beneficiarios de normas anteriores.
El ente técnico estimó un costo anual de 944 millones de soles.
La ley fue promulgada el 25 de marzo de 2026. Fuerza Popular emitió 13 votos durante la primera votación, 11 votos para exonerar la segunda votación y ocho votos durante la aprobación de una aclaración.
Finalmente, la Ley N.° 32328 restituyó el derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS) para un grupo de trabajadores del sector público.
Según el informe del CF, la medida tendrá un costo transitorio de 911 millones de soles.
La norma fue promulgada el 10 de mayo de 2025 y, durante la primera votación, 17 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la iniciativa.
Posteriormente, 16 legisladores apoyaron la exoneración de la segunda votación y 12 votaron a favor durante la insistencia.
Análisis
El exministro de Economía Ismael Benavides explicó a Correo que este fenómeno de aprobar leyes que afectarán al fisco responde a las elecciones generales.
“Que ahora Fuerza Popular haya aprobado estas leyes refleja uno de los problemas que se presentan cuando se legisla en medio de un proceso electoral: se genera una especie de efecto rebaño porque, si no las aprueban, creen que van a perder votos”, señaló.
Benavides considera que esto refleja una “contradicción” entre la responsabilidad fiscal que tendrá Fujimori frente a su bancada, aunque sostiene que la mandataria aún tiene un margen de acción.
“Creo que esas leyes deben ser todas sujetas a una revisión exhaustiva y, en todo caso, diferirla si es que no se pudiesen cambiar porque lo que hoy necesita el Perú son recursos para justamente relanzar la economía, pero más que eso, enfrentar a El Niño”, afirmó.
Para el extitular de Economía, el origen del problema no está en una ley específica sino en una atribución que el Congreso no debería tener.
“La Constitución dice taxativamente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto”, afirmó, y calificó de “totalmente errado” el criterio con el que el Tribunal Constitucional habilitó esa práctica.
“Deben presentar una aclaración de esta sentencia malhadada para revertirla”, indicó.
