La bajo la dirección , aprobó el informe final en contra del expresidente a quien se le acusa del presunto delito de organización criminal (líder), colusión y tráfico de influencias agravado.

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Cabe destacar que a la sesión no acudió el abogado del exjefe de Estado, Eduardo Pachas, quien-en una reunión anterior- había alegado que no se le permitió brindar sus descargos ni derecho a la defensa a su patrocinado.

Tras ello, Diego Bazán, ponente del citado informe, dijo que el exmandatario se encuentra involucrado en las irregularidades del caso Puente Tarata lll, así como el de Yenifer Paredes y “Petroperú”, donde habría recibido un soborno de 30 mil soles para nombrar a como gerente general de esa entidad.

La denuncia constitucional contra fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que también incluye a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, por el presunto delito de organización criminal y colusión, así como a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, por el presunto delito de organización criminal.

Durante el debate, el congresista José Balcázar (Perú Bicentenario) sostuvo que se les debe notificar a los acusados en su propio domicilio y no en la dirección que indica Reniec, que no se ha respetado el debido proceso contra el exmandatario.

Sin embargo, su colega Wilson Soto (Acción Popular) lamentó que en el informe se acuse a su bancada como un brazo del Congreso de . “No podemos criminalizar a las bancadas (...) desde cuándo es delito que un congresista va a conversar con un presidente a nombre de su región, niego que mi bancada haya pactado”, acotó.

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Sobre la notificación, dijo que, durante la investigación, se notificó al expresidente a su domicilio en Palacio Gobierno durante su mandato y, luego, en otras direcciones. A su juicio es evidente que Castillo no quiera dar la cara ante el Congreso.

El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), señaló que el no quiso ingresar a la plataforma virtual que habilitó el INPE para que pueda dar sus descargos desde prisión.

Luego de aprobarse en la Comisión Permanente, de acuerdo al Reglamento del Congreso, el informe final deberá aprobarse en el pleno del Legislativo como última instancia.

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