El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, no descartó que funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puedan ser imputados penalmente si se determina responsabilidad por presuntas negligencias en la organización de las elecciones generales 2026.
En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio Público sostuvo que los funcionarios habrían tenido conocimiento previo de posibles inconvenientes advertidos por la Contraloría General de la República, lo que obligaba a adoptar medidas preventivas.
“Su jefe, sus gerentes sabían de eso y estaban obligados a evitarlo y, como no lo han hecho, a pesar de conocer lo que iba a suceder, eso ya se puede imputar penalmente a título de dolo”, afirmó.
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Investigación incluye al jefe de la ONPE
Gálvez indicó que entre las personas comprendidas en las denuncias se encuentran diversos servidores de la entidad electoral, incluido el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
El fiscal explicó que las investigaciones no solo se enfocan en presuntos delitos electorales, sino también en determinar si se habría configurado el delito de colusión ilegal, vinculado a supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Gálaga.
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Según detalló, todas las denuncias relacionadas han sido centralizadas en una sola investigación, actualmente a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.
“Como el delito más grave es el de colusión ilegal, justamente es la Fiscalía Anticorrupción la que se está abocando al conocimiento de todos los delitos”, señaló.
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Posible detención y avance de las diligencias
Respecto al pedido de detención contra el jefe de la ONPE, el fiscal indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya habría preparado el documento correspondiente, aunque este aún no había sido recibido por el fiscal encargado.
Sin embargo, precisó que la eventual detención no alteraría el desarrollo de las investigaciones.
“Los hechos ya ocurrieron, por lo que, se dé o no la detención, eso no va a cambiar las cosas”, manifestó.
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Ministerio Público no intervendrá en recuento de votos
De otro lado, Gálvez aclaró que el Ministerio Público no puede intervenir en el recuento de votos, pese a que algunos candidatos lo han solicitado.
Explicó que dicha acción no forma parte de sus competencias y que una intervención directa podría afectar la legalidad del proceso electoral.
“No lo podemos hacer, porque con eso estaríamos viciando el propio proceso a través de la interrupción del conteo”, sostuvo.
No obstante, indicó que una vez concluido el proceso electoral, la institución podría intervenir mediante pericias técnicas que incluyan la verificación o revisión de los resultados.
