El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), órgano del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, determinó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria.
En un documento oficial, el organismo solicitó al Gobierno peruano su liberación inmediata y el otorgamiento de una indemnización.
La opinión técnica fue aprobada el 14 de noviembre de 2025 y difundida el 4 de junio. En su resolución, el GTDA concluyó que el caso se encuentra comprendido en las categorías I y III de su metodología de evaluación, al considerar que la detención careció de base legal y vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El informe también sostiene que el exmandatario no contó con las garantías propias de un juicio justo. Entre las observaciones, señala presuntas afectaciones a la presunción de inocencia, al derecho de ser juzgado por un tribunal competente y al derecho a ejercer una defensa adecuada.
Asimismo, el organismo indicó que Pedro Castillo no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza y cuestionó las condiciones en las que se realizó la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva.
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