De acuerdo con la Contraloría, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte participó en la gestión en una asociación privada, el Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo que la Carta Magna prohíbe. Se expone a sanción que la inhabilitaría.
De acuerdo con la Contraloría, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte participó en la gestión en una asociación privada, el Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo que la Carta Magna prohíbe. Se expone a sanción que la inhabilitaría.

La determinó que la titular de Desarrollo e Inclusión Social , también vicepresidenta de la República, habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la , por haber firmado documentos como presidenta de clubes privados cuando ya ejercía el cargo de ministra.

MIRA ESTO | Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional, según informe de la Contraloría

Esta situación, de acuerdo con constitucionalistas, podría exponerla a la para ejercer cargos públicos, lo que incluye la vicepresidencia.

, mediante el Informe de Fiscalización N° 005-2022-CG/FIS-FEDJ, al que accedió Correo, detectó serias omisiones en la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, así como en la Declaración Jurada de Intereses (DJI) de Boluarte.

Entre la más grave irregularidad, se indica que la vicepresidenta no consignó que fue parte del consejo directivo de la asociación privada Club Departamental Apurímac, donde suscribió, además, documentos de carácter público como su presidenta, lo que le está prohibido por ser ministra de Estado.

En esa línea, el informe -difundido primero por Canal N- de 60 páginas concluye una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución, el que establece que los ministros “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

“Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, añade.

fue designada presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac para el periodo entre el 16 de febrero de 2017 y el 15 de febrero de 2019.

Luego, fue reelecta para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022.

Incluso, su periodo al mando del club fue ampliado hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021.

Según el reporte de la , “no se advirtió el registro de la renuncia al cargo” por parte de Boluarte.

La misma situación se habría reportado en el consejo directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, pues Boluarte omitió consignar que fue parte de él.

MÁS INFORMACIÓN | Boluarte y Miloslavich intentan justificar, con diferentes versiones, la ausencia de actas de Consejo de Ministros

FAMILIARES

Como si esto fuera poco, la Contraloría advirtió que la ministra tampoco consignó que dos familiares suyos -su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes- fueron contratados por el Estado con salarios que superan los 50 mil soles.

Sobre el hermano, la señaló que la vicepresidenta “no consignó su lugar de trabajo” en su declaración jurada de intereses y solo indicó que era “abogado independiente”.

Sin embargo, el órgano de control detectó que el 4 de agosto de 2021 fue designado asesor del despacho de la alcaldía de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios ().

Por otro lado, la Contraloría encontró que Alfredo Pezo Paredes, esposo de René Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta, recibió un pago de 7 360 soles el 25 de enero de 2022, por parte de la “Contraloría-Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”, correspondiente a una orden de servicio de setiembre de 2021.

Pezo Paredes, según la , declaró bajo juramento “no tener impedimentos ni incompatibilidades para prestar servicios a favor del Estado” bajo la modalidad de locación de servicios de terceros. El órgano de control indicó que esta situación “configura un conflicto de intereses potencial, por lo que se deben adoptar medidas preventivas”

Por si fuera poco, la Contraloría advirtió además que Boluarte no consignó los datos laborales de ocho familiares dentro del segundo grado de afinidad, por lo cual habría infringido la Ley N° 31227, que establece competencias de fiscalización y sanción.

TE PUEDE INTERESAR | Patricia Chirinos presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo y pide su inhabilitación por 10 años

SANCIÓN A LA VISTA

Constitucionalistas consultados advirtieron que se expone a una eventual inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Desde la perspectiva de Natale Amprimo no se trata de una falta menor. “Es de las más graves que puede cometer un ministro de Estado”, declaró para este diario.

Subraya que la establece de manera clara y categórica, en el artículo 126, la prohibición de que los ministros de estado ejerzan cualquier representación, gestión de empresas privadas e, incluso, de asociaciones civiles.

“Es evidente que ella ha estado actuando como presidente del Club Apurímac de manera indebida. No tienen nada que ver si era ad honoren o si es remunerado. Lo que está prohibido, es hacer gestión distinta a la que es propia de la labor como ministra de Estado”, enfatizó.

A su juicio, la imputación es categórica. “Eso puede acarrear que ella sea inhabilitada para ejercer cargo público. Es el a quien le compete fijar el plazo de una inhabilitación hasta por 10 años”, añadió.

Frente a la gravedad de los hechos, el especialista consideró que “el presidente y el premier (…) deberían inmediatamente separar del cargo a Boluarte, sin perjuicio de que el Legislativo cumpla con el trámite de la acusación constitucional que debe hacer”.

Agregó que el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez), a quien corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad, tal vez podría “despertar” y dejar de “mirar al techo” en estos casos.

En opinión de Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, Boluarte podría ser inhabilitada para ejercer no solo el cargo de ministra de Estado, sino también el de vicepresidenta.

“La vicepresidencia también es función pública”, explicó en Canal N.

Urviola dijo que el Parlamento tiene la tarea de procesar una acusación por infracción constitucional.

Llegado el caso, comentó, si el legislativo reúne dos tercios de la votación, puede inhabilitar a Boluarte por un máximo de 10 años en el ejercicio de la función pública.

“De haberse cometido esta infracción estaríamos frente a la posibilidad de que esta denuncia de la pase por el y tendría que ser derivada, en primer término, a la para que califique los requisitos formales de la denuncia”, precisó.

MIRA ESTO | Dina Boluarte: “algunos ministros no han dado la talla en sus carteras”

RÉPLICA

Por su parte, Dina Boluarte sostuvo que antes de asumir cargos públicos en este gobierno solicitó licencia del Club Apurímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, las que -afirmó- fueron concedidas oportunamente.

VIDEO RECOMENDADO

ONPE: Cómo cambiar tu local de votación para las elecciones regionales y municipales 2022

TAGS RELACIONADOS