La Prefectura Regional de La Libertad, en articulación con diversas instituciones del Estado, ejecutó el último viernes un operativo preventivo de Ley Seca en distintos establecimientos nocturnos del distrito de Trujillo, capital de la región, con motivo de las Elecciones Generales 2026.
La operación se desarrolló entre las 20:00 y 22:30 horas, y tuvo como punto de inicio la prolongación Fátima, en el distrito de Víctor Larco Herrera. No obstante, la Ley Seca comenzó a regir ayer, sábado, a las 8 a.m. y culminará mañana a la misma hora en toda la región y el resto del país.
ARTICULACIÓN
En el operativo participaron representantes del Jurado Electoral Especial (JEE), la Fiscalía de Prevención del Delito, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como autoridades de la subprefectura provincial y las subprefecturas distritales de Trujillo y Laredo.
Durante la jornada, las autoridades informaron y exhortaron a los encargados de diversos establecimientos nocturnos a cumplir estrictamente con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, conforme a lo dispuesto por la Ley Seca.
La Prefectura resaltó que durante la intervención en el establecimiento nocturno Trasgu, “se advirtió la presencia de aproximadamente 20 menores de edad saliendo del local, situación que será materia de las acciones correspondientes por parte de las autoridades competentes”.
El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, destacó la importancia de estos operativos preventivos y exhortó a la ciudadanía y a los propietarios de establecimientos a respetar las normas vigentes.
“Estamos desplegando acciones coordinadas para garantizar el orden público y el correcto desarrollo del proceso electoral. Invocamos a los empresarios y a la población en general a cumplir con la Ley Seca y a contribuir con una jornada democrática segura y responsable”, expresó.
SIN EXCEPCIONES
El periodo de 48 horas que rige la Ley Seca está alineado con el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, que fija la prohibición de venta de alcohol para garantizar una jornada ordenada y segura.
Quien viole la misma recibirá una multa no menor al 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, lo que actualmente se traduce en aproximadamente S/ 3,390 para casos graves.
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