El Gobierno Regional de La Libertad no cobró 14 penalidades al contratista que ejecutó la reconstrucción de la institución educativa José Olaya del distrito de La Esperanza (Trujillo), valorizada en S/ 55 millones, a pesar de que la Contraloría General de la República advirtió, a través de siete informes de hito de control, una serie de incumplimientos y deficiencias en la obra.
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Detalles
El Informe de Control Concurrente N° 001-2026 OCI/5342-SCC, publicado el 9 de enero último, confirmó que la entidad fiscalizadora comunicó las observaciones al Gobierno Regional de La Libertad, entre el 30 de noviembre de 2023 y el 23 de mayo de 2025.
Las penalidades identificadas, y que no fueron consideradas en la liquidación del contrato de ejecución de obra para las retenciones correspondientes, están vinculadas a deficiencias en la construcción y el uso de materiales. También a la permanencia del plantel técnico y a la ausencia de personal en la obra, así como a la indumentaria e implementación de equipos de protección personal, a la seguridad de la obra y su señalización.
Asimismo, se evidenció que el contratista ejecutó partidas incumpliendo lo establecido en el expediente técnico y con deficiencias constructivas. Si bien en algunos casos dichos trabajos fueron corregidos sin generar costos adicionales para el Gobierno Regional de La Libertad, el supuesto de penalidad correspondiente establece que, además de la corrección de los trabajos mal ejecutados, se debe aplicar una penalidad por cada falta.
Sumado a ello, tanto los coordinadores de la obra (servidores de la entidad) como la supervisión contratada por S/ 3,7 millones para garantizar la correcta ejecución del proyecto no efectuaron el cálculo de los 14 supuestos de penalidad identificados por la Contraloría, ni recomendaron su cobro, lo que generó que el contratista sea eximido del pago de las penalidades descritas en cada informe de hito de control.
Notificación
El informe de control concurrente fue comunicado a la titular del Gobierno Regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, para que adopte las acciones correctivas que correspondan, las cuales deben ser comunicadas a la sede de la Contraloría General de la República en Trujillo, en el plazo establecido por la normativa vigente.
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