La Contraloría General de la República advirtió que la renovación de los puentes Jaulabamba y Paibal, ubicados en el distrito de Huaso, en la provincia liberteña de Julcán, presentan trabajos no ejecutados que fueron reportados como culminados, así como deficiencias constructivas e inconsistencias en las actas de suspensión del plazo contractual, entre otros aspectos. Estas situaciones representan riesgos que podrían afectar la calidad y oportuna ejecución de ambas obras.

La Municipalidad Distrital de Huaso suscribió el 11 de setiembre de 2025 el contrato para la ejecución de ambas obras con un mismo consorcio por S/ 950 186 y S/ 1 006 765, respectivamente. El plazo de ejecución se inició el 23 de setiembre de 2025 y, considerando los 60 días calendario establecidos, la culminación estaba prevista para el 21 de noviembre de 2025. No obstante, en cada obra se aprobaron cuatro suspensiones de plazo de manera paralela, lo que postergó la fecha de término.

El contratista, a través de cada residente de obra y con el respaldo de las supervisiones contratadas, reportó que las ejecuciones físicas culminaron los días 22 y 21 de enero de 2026, respectivamente. Sin embargo, la Contraloría evidenció que, al 29 de enero, aún existían trabajos no ejecutados al 100 % (correspondientes a diferentes partidas) que fueron reportados como culminados y valorizados para su pago por parte de la Municipalidad Distrital de Huaso.

Asimismo, ambas obras presentan deficiencias constructivas porque algunas partidas se habrían ejecutado sin cumplir las especificaciones técnicas del expediente y normativa vigente. Por ejemplo, la colocación de tubos para drenaje se ejecutó de manera deficiente, ya que los puntos de desfogue de aguas pluviales no se encuentran operativos; además, en el concreto de la losa de aproximación de ambos puentes se identificó material particulado segregado, entre otros aspectos.

También se evidenció que el residente de obra de cada proyecto ejerció simultáneamente la misma función en otras obras ubicadas en distintas provincias de La Libertad e incluso en otras regiones, lo cual vulneraría la Ley de Contrataciones del Estado que exige la prestación del servicio a tiempo completo. Del mismo modo, se hallaron inconsistencias en las actas de suspensión del plazo contractual de ejecución de obra, las cuales generan controversia respecto a la fecha real de culminación de los trabajos.

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