Grave. De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°093-2025-2-5342-AC, la Contraloría General de la República concluyó que hubo una presunta manipulación por parte de los miembros del comité de selección y contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Provincial de Virú, valorizada en S/ 194 millones, para favorecer y entregar la buena pro al Consorcio Hospital Virú, del cual forma parte con mayor porcentaje de participación la empresa LC&EC Constructora, cuya titular es la joven empresaria Lucero Coca Condori.
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El órgano de control observó que el comité de selección, integrado por servidores del Gobierno Regional (Gore) La Libertad, otorgó al Consorcio Hospital Virú cinco puntos adicionales que no le correspondían en cuanto a los factores de sostenibilidad ambiental y social porque no había presentado las certificaciones requeridos, de tal manera que lo calificaron con 100 puntos cuando en realidad le correspondía 95.
Otra observación que hizo la Contraloría está relacionada al hecho de que el Consorcio Virú no adjudicó documentación que le permita acreditar la experiencia en la especialidad de este tipo de construcciones (hospitales). A pesar de ello, el comité de selección no lo descalificó ni declaró desierto el proceso, tal como correspondía por ley.
PERSONAL
La Contraloría también detectó modificaciones en la permanencia e incidencias (accidentes y ausencias) del personal profesional clave del Consorcio Virú que participará en la obra. Además, en el detalle de gastos generales se encontró la descripción de transporte aéreo de personal técnico y administrativo (Lima-Cusco) y (Cusco Quillabamaba), cuando la obra se ejecuta en la provincia de Virú, región La Libertad. El comité de selección pasó por alto este detalle.
Además, el personal propuesto por el Consorcio Virú como residente de obra no acreditó la experiencia requerida en las bases integradas.
Otro detalle que no pasó inadvertido por la Contraloría es que el comité de selección no admitió la oferta hecha por el Consorcio Brontes alegando que existían divergencias en la documentación presentada, cuando en realidad correspondía la subsanación de la misma.
LOS IDENTIFICAN
Según la Contraloría, los miembros del comité de licitación fueron los servidores del Gore La Libertad: Walter Zevallos Apolitano (presidente), Mario Rodríguez Miranda (primer miembro) y Arturo Giles Mendoza (segundo miembro).
Se ha pedido a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel disponga que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Gore comprendido en este informe.
Rogger Ruiz Díaz, flamante gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, dijo ayer que no había tenido acceso al informe de la Contraloría, pero que la única entidad que señalará si hubo algún tipo de delito en este caso es la Fiscalía. “Si la Contraloría ha recomendado que accione la Procuraduría Anticorrupción, entonces lo que procede es investigar y ver si es correcto o no lo que dicen en el informe”, acotó.
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