La Contraloría detectó que durante la gestión del alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, se emitieron órdenes de servicios que permitieron dar trabajo a “especialistas” en consultorías contables y administrativas, a pesar de que estos proveedores tenían sanciones vigentes para contratar con el Estado.
La Contraloría detectó que durante la gestión del alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, se emitieron órdenes de servicios que permitieron dar trabajo a “especialistas” en consultorías contables y administrativas, a pesar de que estos proveedores tenían sanciones vigentes para contratar con el Estado.

La gestión del alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, está en la mira de la Contraloría General de la República.

Ocurre que mediante Informe de Acción de Oficio Posterior N°007-2026-2-2061-AOP, se ha puesto en evidencia que la comuna contrató proveedores que estaban inhabilitados en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), con castigos de destitución vigentes.

Esto, para el órgano de control, no solo afectó la eficacia de la sanción impuesta a los dos ciudadanos, sino que también vulneró la legalidad y transparencia en las contrataciones del Estado.

IDENTIFICADOS

Se trata de los proveedores Bill Cuba Jiménez y Carlos Romero Gonzales, quienes se encuentran registrados con sanciones en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). A pesar de ello contrataron con la Municipalidad Distrital de La Esperanza mediante órdenes de servicios emitidas entre el 1 de abril de 2024 y el 10 de junio de 2025, por la suma de S/ 17,200.

La Contraloría detalló que la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial emitió la Orden de Servicios N° 000298-2024 a favor de Carlos Romero, para la contratación del servicio de consultoría administrativa contable financiera por el importe de S/ 9,200.

Cuando el personal del órgano de control hizo las consultas respectivas en el RNSSC verificó que dicho proveedor había sido sancionado en dos oportunidades con la medida disciplinaria de destitución, el 19 de abril de 2021 y el 11 de noviembre del mismo año. Ambos castigos se encontraban en estado vigente.

Según Contraloría, el Programa Cuna Más, mediante resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 000320 y N°001360, dispuso la destitución de Carlos Romero de su cargo como Técnico del Servicio de Acompañamiento de Familias de la Unidad Territorial La Libertad, pues se descubrió que había presentado documentación académica presuntamente falsa. No obra ningún recurso impugnatorio a esa sanción.

SEGUNDO CASO

En relación al proveedor Bill Cuba Jiménez, también se constató que se encuentra reportado en el RNSSC con la medida disciplinaria de destitución, la misma que fue inscrita el 25 de julio de 2023 y está en estado vigente. A pesar de esta situación fue contratado en la comuna de La Esperanza para que brinde el servicio de asesoría de consultoría e intervenciones especializadas, para la Subgerencia de Contabilidad.

Contraloría detalló que Bill Cuba tenía un cargo administrativo en la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, pero mediante Resolución N° 57-2023-DCC se le impuso una sanción de destitución por una presunta negligencia en sus funciones, así como una grave utilización o disposición de bienes de la entidad en beneficios de terceros.

El 7 de mayo del presente año, mediante Oficio N°00167-2026, la Contraloría notificó al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruiz, sobre el informe y le recomendó adoptar acciones correctivas inmediatas.

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