El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que grupos de mineros ilegales han invadido concesiones mineras con permisos ambientales vigentes o históricos, hoy inactivas, para extraer oro de manera clandestina, sin control ni fiscalización.
En La Libertad, el foco más crítico se encuentra en Pataz, una zona donde la violencia, el uso de explosivos y el control territorial por mafias mineras ya forman parte del paisaje cotidiano.
Según el jefe del Gabinete Ministerial, la expansión de esta actividad responde a una lógica que se repite con crudeza: cuando la minería formal se paraliza, el vacío es ocupado por economías ilegales.
“Cuando no se desarrolla la minería legal que cumple con altos estándares, se cede el espacio a la minería ilegal, que contamina y utiliza la violencia”, sostuvo Álvarez, dejando en evidencia una responsabilidad estructural del Estado.
En Pataz, la problemática adquiere un rostro aún más violento. La invasión de concesiones formales se produce bajo amenazas, secuestros, ataques armados y uso de explosivos, en una provincia donde el Estado parece llegar siempre tarde. La minería ilegal no opera como un fenómeno artesanal aislado, sino como una estructura criminal organizada, capaz de tomar territorios, imponer reglas y desplazar a comunidades enteras.
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