Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que los tres congresistas, que buscarán la reelección el 12 de abril, infringieron el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, al usar sus redes sociales para promover sus gestiones y, también, sus actividades político partidarias.
Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que los tres congresistas, que buscarán la reelección el 12 de abril, infringieron el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, al usar sus redes sociales para promover sus gestiones y, también, sus actividades político partidarias.

Los padres de la patria están en la mira del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En Trujillo, tres congresistas que buscan la reelección en los comicios del próximo 12 de abril vulneraron el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, y por ello se derivó sus casos al Ministerio Público y la Contraloría, para que estos organismos “actúen conforme a sus atribuciones”.

En redes sociales

El último sancionado fue Diego Bazán Calderón, de las filas de Renovación Popular. El legislador postula a la Cámara de Diputados y, de acuerdo al Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, infringió la ley electoral a través de sus redes sociales.

La Resolución N° 00803-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 20 de marzo, se emitió a raíz de la denuncia que presentó el ciudadano Álvaro Bustinza Fuerte, el pasado 19 de febrero. En su acusación indicó que el parlamentario estaría infringiendo la ley electoral, al realizar campaña política en sus redes sociales.

Ante esto, el fiscalizador del Jurado revisó las plataformas digitales de Diego Bazán y corroboró que, a través de sus cuentas de TikTok e Instagram, difundió 14 videos y un flyer en donde se difundían actividades proselitistas.

Las publicaciones se habrían realizado entre el 4 de enero y el 23 de febrero de este año. En ellas el parlamentario promueve su postulación y la de otros candidatos de Renovación Popular.

“En efecto, de las publicaciones analizadas se advierte la difusión de propaganda electoral a favor del candidato a la Cámara de Diputados Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, así como del candidato Jim Robles (número 7), de la misma organización política, y del candidato presidencial Rafael López Aliaga, a través de consignas, símbolos partidarios y elementos visuales como ‘Rafael presidente’ y similares”, indica la resolución.

También precisa que notificaron al legislador y el 14 de marzo dio sus descargos. Una de sus justificaciones fue “que las publicaciones difundidas en sus redes sociales (TikTok e Instagram) corresponden al ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión y participación política, no constituyendo actos de proselitismo indebido ni propaganda electoral prohibida”.

Apepistas

El 17 de marzo, el JEE solicitó que se haga efectiva la resolución que determinó que la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz Rodríguez, que postula al Senado, vulneró el principio de neutralidad. Como informó Correo en su momento, el ente electoral detectó que la parlamentaria combina en su cuenta de Facebook reuniones oficiales de trabajo y temas de campaña política. Además, promocionaría la candidatura del aspirante presidencial César Acuña Peralta.

El Jurado también declaró consentida la resolución que determinó que el parlamentario apepista Roberto Kamiche Morante vulneró el principio de neutralidad al utilizar sus redes sociales para promocionar actividades oficiales y temas de campaña.

“Se identifica elementos del contenido difundido a través de la red social Facebook de Luis Roberto Kamiche Morante, en su calidad de congresista de la República, en los diferentes videos en formato reel, como evidencia de una vinculación directa entre la gestión pública y la promoción electoral. Esta conducta desnaturaliza la función pública al utilizar la investidura parlamentaria como una plataforma de amplificación electoral, comprometiendo la imparcialidad que el Estado debe garantizar en todo proceso democrático”, indica el informe.

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