La consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza, expresó su preocupación por recientes decisiones adoptadas en el Consejo Regional de La Libertad, al considerar que la imposición de plazos a las comisiones de trabajo carece de sustento legal.
Carranza señaló que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no establece tiempos específicos para el desarrollo de investigaciones, por lo que cada comisión tiene la potestad de definir sus propios plazos y metodologías de trabajo.
“Es una medida arbitraria. Cada comisión tiene autonomía para determinar cómo y en qué tiempo realiza su labor”, sostuvo.
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