La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo dispuso archivar la investigación preliminar que había iniciado contra el exgobernador de la región La Libertad César Acuña Peralta y la actual gobernadora, Joana Cabrera Pimentel, quienes habían sido acusados de firmar sendas resoluciones ejecutivas para designar, presuntamente, de forma indebida a una funcionaria en puestos clave en la entidad educativa.
La denuncia la interpuso Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Estado. Entre sus argumentos figuraba el hecho de que mediante Resolución Ejecutiva N° 000040-2024, el 23 de enero de 2024 César Acuña designó en la jefatura de la Subgerencia de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad a Flor Ahon Solis, a pesar de que que la servidora, supuestamente, no reunía el perfil para el cargo, ya que no cumplía con los años de experiencia exigidos.
La aludida servidora permaneció en el puesto hasta el 2 de agosto de 2024.
NUEVO PUESTO
Sin embargo, ese mismo día, la entonces vicegobernadora Joana Cabrera Pimentel (hoy gobernadora) firmó la resolución ejecutiva N° 000417-2024, con la que designó a Flor Ahon Solis en el cargo de subgerenta de Promoción Escolar, Cultura y Deporte de la Gerencia Regional de Educación. Según el denunciante, Manuel Ruiz, la servidora tampoco cumplía con el perfil para el puesto.
Ante ello, la Fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar contra Acuña por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y nombramiento indebido del cargo.
ARCHIVA
Sin embargo, el 14 de abril de este año la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo resolvió archivar el caso y deslindar de responsabilidad penal a César Acuña y a Joana Cabrera.
El Ministerio Público sostiene en su resolución que la conducta realizada por los investigados evidencia ausencia de presupuestos que indiquen que incurrieron en un acto tipo penal y recomienda agotarse un proceso en la vía administrativa.
Indica que el derecho penal es el mecanismo de control social más violento con el que cuenta el Estado, por lo que únicamente puede intervenir ante la grave afectación de los bienes jurídicos del ciudadano y la sociedad. En este caso no sucedió eso.
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